Industrias forestales de Anzoátegui tendrán 30 días para legalizar su funcionamiento

IMG-20161004-WA0008Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Anzoátegui, 05.10.2016.- El director estadal de Ecosocialismo y Aguas en Anzoátegui, Edgar Mata, informó este miércoles que las industrias forestales que operan en la entidad tendrán 30 días para ponerse a derecho con la institución.

El funcionario explicó que el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), inició esta semana un operativo de acercamiento con carpinterías, aserraderos y venta de bienes forestales, para dar a conocer el plazo de gracia, los recaudos y términos de referencia que deben presentar para legalizar su funcionamiento.

Mata detalló que gracias a la acción de los técnicos del Programa de Patrimonio Forestal y efectivos de la Coordinación de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se han practicado un total de siete visitas, en aras de hacer cumplir la Ley de Bosques, publicada en Gaceta Oficial N° 40222, del 06 de agosto de 2013.

IMG-20161004-WA0007«Estos acercamientos además, han servido para alertar a los comerciantes sobre fallas a nivel de seguridad que están registrando sus instalaciones. Por ejemplo, hay negocios que no cuentan con extintores, pese a que la mayoría trabaja con productos químicos para tratar la madera que son considerados altamente inflamables».

Mata señaló que los madereros, además de cumplir con los requisitos de industria forestal, también deben hacer los trámites correspondientes para obtener el certificado de Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (Racda).

«La idea no es cerrar, ni paralizar a nadie. El objetivo de las visitas es que estos negocios se legalicen, y por eso estamos dando un lapso de 30 días para tal fin. Eso sí, quien no se ponga a derecho se le tendrá que iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio».

El director estatal del Minea Anzoátegui, advirtió que de acuerdo con el numeral 5, del artículo 153, de la Ley de Bosques, los infractores podrían enfrentar multas entre las 1.000 y 3.000 Unidades Tributarias (UT), es decir tendrán que cancelar al Estado venezolano cifras que van desde 177.000,00 hasta 531.000,00 bolívares.

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Rosa Ortega

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